Nueva York, EE.UU. – En una audiencia judicial marcada por la tensión política y el forcejeo verbal, el presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró este lunes “no culpable” ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta graves cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. Maduro aprovechó su primera comparecencia para desacreditar el proceso, proclamarse “presidente legítimo” de Venezuela y denunciar su detención como un acto ilegal.
La audiencia, presidida por el juez Alvin K. Hellerstein, comenzó con un intercambio conflictivo cuando, al ser preguntado por su nombre, Maduro respondió en español: “Soy Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos. Soy prisionero de guerra. Y me apego a los Acuerdos de Ginebra”.
El magistrado interrumpió con firmeza al mandatario, aclarando que solo requería confirmar su identidad. Una vez establecida, Maduro, al ser consultado sobre su declaración ante los cargos, afirmó: “No soy culpable. Soy un hombre decente y sigo siendo el Presidente de mi país”.
Su abogado defensor, Barry Pollack, formalizó la declaración de inocencia ante los cuatro cargos de la acusación y señaló que su cliente tiene “algunos temas de salud y médicos que requerirán atención”. Tanto Pollack como el juez acordaron que las denuncias de Maduro sobre las circunstancias de su arresto se abordarán en una fase procesal posterior.
En la misma audiencia, Cilia Flores, esposa de Maduro y también imputada en el caso, se declaró inocente. Su representante legal denunció que Flores sufrió “lesiones importantes durante su arresto”, una alegación que quedó pendiente de evaluación futura.
Por el momento, ni Maduro ni Flores solicitaron la libertad bajo fianza. El caso, que vincula a la cúpula del gobierno venezolano con el Cartel de los Soles y la guerrilla colombiana del ELN, avanza así en su fase inicial con un acusado que se niega a reconocer la legitimidad de la corte y se presenta a sí mismo como un jefe de Estado en cautiverio.
La acusación del Gran Jurado, de la que se hizo eco la fiscalía, es contundente. Señala que “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”. El documento acusa específicamente a Maduro de:
- Transportar grandes cantidades de cocaína bajo protección estatal cuando era miembro de la Asamblea Nacional.
- Proveer pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitar cobertura para aviones que lavaban dinero desde México a Venezuela, siendo Ministro de Relaciones Exteriores.
- Permitir, como Presidente, que la corrupción ligada a la cocaína prosperara para beneficio propio, de su régimen y de su familia.
La acusación afirma que este narcotráfico ha “enriquecido y consolidado a la élite política y militar venezolana”, concentrando poder y riqueza en manos de la familia Maduro. Junto a él y a Cilia Flores, son señalados otros altos funcionarios y allegados, incluyendo a Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y el presunto líder criminal Héctor Guerrero Flores (“Niño Guerrero”).
El proceso judicial promete ser prolongado y de alta complejidad política, con la defensa de Maduro fundamentándose en la impugnación de la jurisdicción estadounidense y en su condición de mandatario en ejercicio, mientras la fiscalía busca probar una trama criminal a nivel de Estado.