La polémica iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, enviada por el Gobierno de la Ciudad de México al Congreso local, ha encontrado un obstáculo mayor dentro de su propia coalición aliada. La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha condicionado formalmente su voto, advirtiendo que la propuesta actual generaría distorsiones graves y abriría la puerta a un peligroso “mercado negro” de arrendamiento en la capital.
Los legisladores ecologistas señalaron que limitar por ley los aumentos anuales de la renta exclusivamente al porcentaje de la inflación reportado por el Inegi —incluso cuando se cambie de inquilino— se traduce en la práctica en un congelamiento virtual de precios. Esta restricción, argumentan, desincentivaría la inversión en vivienda, provocaría el deterioro de las propiedades por falta de mantenimiento y empujaría a dueños y arrendatarios a recurrir a esquemas irregulares, como contratos de comodato o el uso de pagarés, para evadir la fiscalización.
Para evitar un colapso en la oferta formal de alquileres, el PVEM puso sobre la mesa un pliego de cambios estructurales articulado en nueve temas clave. Su contrapropuesta plantea desechar el tope inflacionario rígido y sustituirlo por una metodología basada en el valor comercial real del inmueble. De esta manera, el límite máximo para la renta mensual se fijaría en hasta el 1% del valor de la propiedad (por ejemplo, un tope de 20 mil pesos para un departamento valuado en dos millones de pesos).
Adicionalmente, aunque el partido se manifestó a favor de la creación de un Registro Digital de Contratos para dar certidumbre a ambas partes, solicitaron flexibilizar los plazos de cumplimiento. La propuesta original otorga 30 días naturales a los propietarios para registrar los documentos, pero el PVEM exige que este periodo se modifique a 30 días hábiles para otorgar un margen operativo real de mes y medio.
La bancada Verde ha sido tajante: no respaldarán el dictamen en el pleno a menos de que se incorporen sus observaciones y se abran foros de diálogo público y parlamento abierto con especialistas, inquilinos y representantes del sector inmobiliario. Con esta postura, la discusión de la reforma inquilinaria entra en una fase de intensa negociación política para evitar frenar el desarrollo habitacional de la CDMX.